El día 14 de febrero celebramos en nuestro cole el DÍA DE LA AMISTAD .
Este curso nuestro alunmado ha realizado una actividad muy simpática ; un corazón con dos manos unidas. Os mostramos algunas imágenes.
Imaginen por un momento que abren su persiana. Las luces encendidas, el aroma del café recién hecho, los primeros clientes cruzando la puerta... y, de pronto, una visita inesperada: el inspector del ayuntamiento. Un gesto serio, una carpeta en la mano y una pregunta tan sencilla como devastadora: ¿tiene usted la licencia de actividad correspondiente?
Si la respuesta es negativa, lo que viene después no es una novela de suspense: es la realidad de muchos negocios en España que optan por abrir sin contar con esta autorización fundamental. En este texto vamos a diseccionar, al más puro estilo quirúrgico, las consecuencias de no tener licencia de actividad y por qué esta omisión puede suponer el principio del fin.
La licencia de actividad no es un capricho administrativo ni un adorno legal. Es, sencillamente, el documento que avala que su negocio cumple con la normativa vigente en materia urbanística, de seguridad, accesibilidad, medioambiental y sanitaria. Sin ella, su actividad comercial no solo es irregular, es ilegal.
En ciudades como Sevilla, donde los controles municipales son cada vez más rigurosos, no contar con esta licencia puede traducirse en sanciones que no solo afectan al bolsillo, sino también a la viabilidad futura del negocio. Si su local se encuentra en la capital andaluza y todavía no ha tramitado esta autorización, consulte ya este enlace sobre licencia de actividad Sevilla.
Uno de los castigos más frecuentes —y dolorosos— por operar sin licencia son las multas administrativas. Estas sanciones pueden oscilar entre los 300 y los 6.000 euros, dependiendo de la gravedad, la reincidencia y el sector de actividad. Pero no acaban ahí: si las autoridades consideran que hay riesgo para la salud o la seguridad, pueden ordenar la clausura inmediata del local.
Además, no debemos olvidar que estas multas pueden venir acompañadas de un procedimiento sancionador que arrastre al empresario por un auténtico calvario burocrático. Si está en proceso de abrir un negocio o ya lo tiene funcionando y no ha regularizado su situación, infórmese cuanto antes sobre cómo solicitar su licencia de actividad en Sevilla.
En caso de inspección y detección de actividad sin licencia, el Ayuntamiento puede ordenar el cierre inmediato del local. Y no hablamos de un cierre simbólico: implica la imposibilidad de continuar operando hasta regularizar la situación. Esto significa interrupción de ingresos, pérdida de clientes, y una mancha legal que no se borra fácilmente.
Además, esta clausura puede acarrear costes adicionales en concepto de subsanación, reformas, tasas urgentes o incluso honorarios de técnicos que gestionen la legalización exprés del negocio. Si su situación entra dentro de este escenario, conviene que revise este artículo sobre cómo obtener una licencia de apertura o actividad.
Trabajar sin licencia de actividad también puede tener implicaciones serias con su aseguradora. En caso de siniestro (incendio, inundación, robo...), la compañía puede negarse a indemnizarle si detecta que su negocio no cuenta con los permisos requeridos. Literalmente, quedaría desprotegido ante cualquier imprevisto.
Y no solo eso: los proveedores también suelen ser recelosos con los negocios que no tienen sus papeles en regla. Algunos no firman contratos de suministro si no se presenta una copia de la licencia. Otros, directamente, pueden dar por finalizada la relación comercial. Y, como es lógico, la imagen que proyecta su empresa se resiente.
No tener licencia de actividad también erosiona la confianza del cliente. En tiempos donde la transparencia y la legalidad son valores imprescindibles para cualquier marca, operar en la sombra puede hacer que sus potenciales compradores huyan antes de cruzar la puerta. Y ya se sabe: mala prensa, hoy, se multiplica por mil en redes sociales.
La reputación, ese intangible tan delicado, se construye durante años, pero puede desmoronarse en días. Una inspección con sanción pública puede aparecer en medios locales o, peor aún, viralizarse. El daño es difícil de reparar, sobre todo cuando la competencia sí juega limpio y lo hace notar.
¿Está pensando en solicitar una ayuda pública para digitalizar su negocio? ¿Quizás en una línea de crédito blando del ICO o una subvención europea para eficiencia energética? Olvídelo si no tiene su licencia de actividad al día. La mayoría de convocatorias de ayudas y financiaciones requieren que la empresa esté legalmente constituida y autorizada.
De hecho, muchos bancos exigen la presentación de esta licencia como parte de su procedimiento de análisis de riesgos. Así que, además de afectar su presente, no contar con este documento puede condenar su crecimiento futuro.
Aplazar la obtención de la licencia de actividad puede parecer, al principio, una forma de “ahorrar tiempo” o “comenzar a ingresar antes”. Pero, en realidad, se trata de una trampa peligrosa: tarde o temprano, el negocio tendrá que regularizar su situación y, para entonces, los costes serán mayores.
Desde recargos por legalización tardía hasta reformas necesarias que podrían haberse evitado con un estudio previo, todo suma. Y lo peor: es dinero que tendrá que desembolsar de forma urgente, en lugar de planificada.
La licencia de actividad no es solo un requisito administrativo. Es una herramienta de protección, una carta de presentación ante clientes, proveedores, aseguradoras y la administración. Es el punto de partida para que cualquier negocio pueda operar con garantías y sin sobresaltos.
Desde el primer día, es recomendable acudir a profesionales especializados que le orienten y le acompañen en la tramitación. No se trata solo de rellenar formularios, sino de evitar sustos, sanciones, pérdidas económicas y daños irreversibles a su imagen.
Por lo tanto, no tener licencia de actividad es un riesgo innecesario que ningún emprendedor debería correr. Legalice su negocio, proteja su inversión y construya una marca sólida sobre los cimientos de la legalidad.
Club de Surf sin licencia: la ley se moja pero no empapa.
A veces parece que en España nos tomamos la legalidad como quien se toma un café templado: con desgana. En Salinas, ese rincón asturiano donde el Cantábrico aúlla y los surfistas se creen los jinetes del apocalipsis marino, un club de surf sigue abierto, operando, cobrando y funcionando sin el menor atisbo de licencia municipal. Así, como suena. Ni papeles, ni autorizaciones, ni nada que se le parezca a un marco legal. Pero eso sí: el negocio sigue viento en popa, como si la normativa fuera opcional y el sentido común un deporte de riesgo.
Y no hablamos de un chiringuito montado con cuatro tablas mal clavadas, no. Hablamos de una infraestructura comercial establecida, con escuela, alquiler de material, eventos, y lo que haga falta para seguir sacando tajada de la fiebre surfera sin dar cuentas al ayuntamiento. El Club de Surf Salinas, conocido por todos y visitado por muchos, sigue actuando en la más descarada alegalidad mientras los organismos municipales se debaten entre la burocracia lenta y la vista gorda.
Uno se pregunta si esto es una escena de Gila o un episodio administrativo real. Porque lo cierto es que el club no cuenta con licencia de actividad, y sin embargo ahí está, abierto al público, facturando y ganando presencia en una localidad donde a otros negocios se les exige hasta certificado de exorcismo para poder colgar el cartel de “abierto”.
Lo peor no es que exista el problema, sino que persiste desde hace años, con requerimientos del Ayuntamiento incluidos, actas de inspección y hasta informes técnicos que han señalado las múltiples carencias del local. La parcela es rústica, no apta para uso hostelero ni comercial, y por si fuera poco, se han construido edificaciones sin la debida legalización. ¿Resultado? Un cóctel de desobediencia administrativa aderezado con el silencio de los responsables municipales.
Uno pensaría que, si ya tienes un negocio sin papeles, al menos te asegurarías de cumplir con las normas básicas de seguridad, ¿no? Pues tampoco. En instalaciones donde hay madera, electricidad, personas —y una cocina de por medio— la ignifugación no es opcional, es vital. Pero al parecer, en este club, ese tipo de protección tampoco forma parte del equipamiento.
La ignifugación de materiales, que consiste en tratar superficies para que sean resistentes al fuego, debería ser de aplicación obligatoria en locales con afluencia de público. Es una cuestión de prevención de riesgos, de evitar que una chispa lo convierta todo en una tragedia anunciada. Sin embargo, la seguridad parece un concepto relativo cuando se trata de mantener la rentabilidad sin ataduras legales.
A lo largo del tiempo, en municipios como este se ha visto de todo, pero lo del Club de Surf Salinas resulta paradigmático: una administración que tarda años en mover un expediente, un negocio que ignora sistemáticamente cualquier requerimiento, y ciudadanos que lo aceptan como si fuese parte del paisaje costumbrista. Pero esto no es “el mundo del surf” ni “el contexto playero”. Esto es España, donde la ley se redacta en BOE pero se aplica en diferido.
Mientras algunos siguen ignorando las normas, hay quienes entienden que cumplirlas no sólo evita multas, sino que salva vidas. Empresas como las que operan en ignifugaciones barcelona trabajan cada día para dotar a los espacios públicos y privados de la protección necesaria contra incendios. Desde tratamientos en estructuras de madera hasta pinturas intumescentes, pasando por barnices especiales para interiores, estas compañías demuestran que la legalidad puede ser aliada del progreso, no su enemigo.
En ciudades como Barcelona, la exigencia urbanística y las normativas autonómicas han obligado a que cualquier actividad pública pase por un riguroso filtro técnico: control de humos, ignifugación de techos, puertas cortafuegos, salidas de emergencia funcionales. Todo eso, que en el litoral asturiano parece de ciencia ficción, en otras regiones es simplemente lo normal.
Y no hablamos sólo de centros comerciales o discotecas. También afecta a bares, centros educativos, residencias, e incluso locales de ocio deportivo como los clubs de surf. Porque cuando el fuego aparece —y siempre aparece— la diferencia entre la vida y la muerte puede estar en un tratamiento ignífugo bien aplicado o en la falta total del mismo.
Vivimos en un tiempo en que la construcción moderna ha dejado de ser una cuestión de ladrillo y cemento. Ahora hablamos de materiales compuestos, de estructuras mixtas, de diseño sostenible… y de seguridad pasiva contra incendios. Las ignifugaciones en la construcción moderna ya no es una opción, sino un requisito técnico y moral.
No se trata sólo de cumplir con la ley, sino de crear espacios habitables que no se conviertan en trampas mortales. Y eso comienza desde la primera fase del proyecto: antes incluso de que el edificio se levante. Cuando una empresa o particular decide abrir un local, lo mínimo que debe garantizar es que no arderá como una antorcha ante el más mínimo incidente.
En lugares donde la vigilancia urbanística funciona, esto es lo habitual. Pero en Salinas, parece que estamos todavía en los tiempos de la picaresca como modelo de negocio. No basta con levantar un par de paredes y poner una tabla de surf en la fachada. La actividad debe estar respaldada por un proyecto técnico completo, con sus correspondientes medidas de seguridad, incluyendo —claro— los sistemas de ignifugación certificados por organismos competentes.
Aquí la pregunta ya no es por qué el club sigue abierto sin licencia. La pregunta es por qué nadie hace nada. ¿Acaso hay intereses cruzados? ¿Presiones políticas? ¿Miedo a enfrentarse al empresariado local? Sea lo que sea, el resultado es el mismo: una burla constante a la normativa y un mensaje muy claro a quienes sí cumplen la ley —que son tontos por hacerlo—.
Mientras tanto, los turistas siguen llegando, los cursillos se imparten y el dinero fluye. Todo mientras el Ayuntamiento de Castrillón parece más interesado en llenar informes que en hacerlos cumplir. Y que nadie se equivoque: esto no es una cruzada contra el surf ni contra el desarrollo local. Es una defensa básica de la legalidad y la seguridad de todos.
Porque si hoy permitimos que un local funcione sin licencia, sin ignifugación, sin control, ¿qué permitiremos mañana? ¿Una residencia de ancianos sin salidas de emergencia? ¿Un colegio sin revisión eléctrica?
La ley no está para molestar, está para proteger. Y cuando no se cumple, no hay olas que lo limpien.